En la presentación del cuarto Informe de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, aseguró que, a la fecha, es casi nulo el avance en el Programa para la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, lo que demanda sumar esfuerzos para reactivar la puesta en funcionamiento de los componentes rezagados luego de siete años de haber sido implementado el Acuerdo.

El documento concluye que deben ser priorizadas aquellas regiones que registran las mayores afectaciones a derechos asociadas a la siembra y comercialización de cultivos ilícitos, como es el caso de los departamentos de Cauca, Putumayo y Norte de Santander, que a su vez registran los menores niveles de avance en la implementación de líneas productivas.

“Es preocupante que la activación de proyectos productivos de ciclo largo registre un avance únicamente del 2% frente a un universo total cercano a las 100.000 familias, teniendo en cuenta que estos proyectos son esenciales para garantizar la sostenibilidad en el tiempo del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria”, afirmó el Defensor del Pueblo.

Las estructuras armadas y la ausencia del Estado

Este informe también señala que los programas de sustitución de cultivos ilícitos han venido teniendo un actor en contra que impide su adecuada implementación: los grupos armados ilegales. La presencia de las estructuras al margen de la ley, su injerencia indebida, su capacidad de intimidación en los territorios, más la ausencia del Estado, han hecho que las cifras previstas como avance resulten deficitarias.

“A la fecha, el incremento de la minería ilegal ha desplazado a las comunidades comprometidas en el proceso de sustitución, lo que ha generado nuevos espacios de violencia y ha acrecentado el poder zonal de esos grupos, impidiendo la ejecución de las órdenes de restitución de tierras y ocasionando nuevas revictimizaciones, nuevos desplazamientos, nuevos despojos, y la muerte de muchos líderes sociales impulsores de estos programas. Dada la difícil situación, es necesaria la presencia efectiva del Estado para garantizar que las políticas públicas puedan ser implementadas en los territorios”, aseguró Carlos Camargo Assis. 

El Defensor del Pueblo también advirtió que la política de paz total no debe afectar la implementación del Acuerdo Final de Paz: “Porque ningún proceso puede ser exitoso si quienes son convocados, antes que desistir de su actividad ilegal, ponen palos en la rueda e impiden que lo previsto en el Acuerdo se pueda concretar. Esta propuesta de paz total del Gobierno Nacional no puede convertirse en un instrumento para dejar de cumplir el acuerdo o generar que su implementación no se haga de forma oportuna y en el tiempo previsto”.

Persiste la poca articulación entre las entidades

El cuarto Informe de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo Final de Paz detalla que han sido percibidos problemas de articulación interinstitucional. La Defensoría del Pueblo ha evidenciado altos niveles de improvisación, que se mantienen después de seis meses de que la entidad nacional de derechos humanos hubiera presentado el más reciente informe.

A comienzos de año, con el tercer informe, la Defensoría del Pueblo incluyó algunas recomendaciones puntuales que debían ser atendidas de manera inmediata por la institucionalidad, entre ellas, la necesidad de garantizar la participación de la comunidad en la implementación de muchos de los compromisos, la articulación entre las diferentes entidades llamadas a cumplir los compromisos y el llamado a garantizar la seguridad en los territorios, de manera que los diferentes programas en ejecución pudieran avanzar.

“En nuestro más reciente informe ya habíamos advertido que era evidente una ralentización en el ritmo de ejecución y, por ende, de implementación de los puntos del Acuerdo Final, además identificamos una considerable improvisación en la atención de algunos de estos compromisos”, añadió Carlos Camargo Assis.

Un punto clave

Ante el complejo panorama, también reiteró que para lograr una adecuada coordinación en la ejecución y seguimiento de los compromisos y garantizar celeridad en su cumplimiento, sigue siendo necesario que no se concentren en el Alto Comisionado para la Paz todas las funciones alusivas a la implementación del Acuerdo.

“El Acuerdo de Paz necesita un impulso que se materialice en la mejora de cada uno de los indicadores, los cuales miden el nivel de implementación, ya que, conforme a las cifras que detallamos en el presente informe, no muestran diferencias significativas”, finalizó el Defensor del Pueblo.

*Con información de Defensoría del Pueblo